16/07/2024
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Bernardino Arance, colaborador del Tribunal Eclesiástico: “Hemos perdido la sensibilidad del daño que causa una acusación falsa”

“En la lucha contra los abusos de todo tipo, la Iglesia prosigue con firmeza el compromiso de hacer justicia a las víctimas de los abusos cometidos por sus miembros, aplicando con particular atención y rigor

“En la lucha contra los abusos de todo tipo, la Iglesia prosigue con firmeza el compromiso de hacer justicia a las víctimas de los abusos cometidos por sus miembros, aplicando con particular atención y rigor la legislación canónica prevista”, afirmó en enero de este año el Papa Francisco, en el marco de la asamblea plenaria de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Desde el inicio de su pontificado, la máxima autoridad de la Iglesia Católica ha impulsado una serie de iniciativas que buscan hacer más eficaz la acción judicial para estos casos, con el fin de avanzar en “restablecer la justicia, reparar el escándalo, reparar el delito”.

En Chile, los casos de abusos al interior de la iglesia han sido ampliamente difundidos, generando un gran desafío a quienes son responsables de estas investigaciones canónicas. Para conocer más sobre los procesos de una investigación canónica y la evolución de la iglesia y Chile en estos temas, conversamos con Bernardino Arance, colaborador como Defensor del Vínculo del Tribunal Eclesiástico Interdiocesano, quien ha visto diversas causas de abusos dentro de la Iglesia Católica.  

¿Cómo es el desarrollo de una investigación canónica?

Cuando llega a una autoridad de la Iglesia alguna denuncia formal o incluso simples comentarios, está obligado a iniciar una investigación previa para intentar aclarar si ese comentario o denuncia tiene algún viso de ser cierto. La autoridad puede realizar personalmente esa investigación o encargarla a alguien que le dé confianza y se espera al final un informe donde el investigador declare si vé sospecha de un posible delito o esos comentarios o acusaciones son totalmente infundados. El investigador interroga a acusadores, testigos y acusados para terminar su investigación con un informe para que la autoridad actúe. Su actuación puede ser archivar todo por infundado, emitir un decreto imponiendo medidas reparatorias o expiatorias a los acusados, o iniciar un proceso penal.

¿Cuáles son las etapas de una investigación canónica?

Lo primero es que la autoridad competente esté en conocimiento de un posible delito. En segundo lugar la autoridad encargará a alguien esa investigación y notificará al acusado del inicio del proceso investigativo. Estas dos notificaciones deben ser realizadas mediante decreto de la autoridad y lógicamente conforme a derecho, entregadas a los destinatarios. Al iniciar esta investigación y si el posible delito lo aconseja como medida de prudencia, la autoridad puede imponer medidas cautelares a los acusados. Por ejemplo en el caso de un párroco puede ser alejado de su parroquia si hay sospecha que pueda reincidir en el supuesto delito o ser motivo de escándalo para los feligreses. Incluso se puede prohibir el ejercicio público del ministerio a un clérigo hasta que no se determine su posible culpabilidad o inocencia. Estas medidas cautelares deben ser también notificadas mediante decreto escrito y entregado al destinatario.

¿Cuáles son las penas a las que se exponen los acusados en caso de que se demuestre la veracidad de las denuncias?

Las penas varían según el delito. Cuando hablamos de juicios penales casi siempre hacemos referencia a abusos de tipo sexual, pero los delitos pueden ser de muy diverso tipo, por ejemplo las parroquias tienen previsto entregar un resumen económico cada año al Obispo y si no se hace se cae en un acto delictivo por omisión. Otros delitos podrían ser de abuso de poder o de conciencia. La lista puede ser larga y variada y consecuentemente, habrá casos en los que no será necesario ir a juicio y bastaría una amonestación, en otros -después de un juicio- puede haber una pena reparatoria o expiatoria temporal y en casos muy graves, se puede llegar a la dimisión del estado clerical.

¿Por qué algunas víctimas optan por la denuncia en la iglesia antes que en el ministerio público?

Puede ser por varias razones. Una porque puede haber acciones que sean delito para la Iglesia, pero no para el Estado, por ejemplo abuso de conciencia. Otras porque para el ordenamiento jurídico civil son delitos prescritos pero no para el ordenamiento jurídico canónico. En algunos casos la justicia canónica tiene como norma obligatoria interna, presentar denuncia ante la autoridad civil de esos delitos. 

¿Cómo se puede abordar o llegar a la justicia?

Para iniciar un procedimiento canónico, basta con presentar una acusación concreta ante el Obispo o Superior del acusado o acudir a las oficinas de escucha instauradas en todas las diócesis de Chile. Estas oficinas hacen una gran tarea acogiendo a quienes se sienten de alguna manera agraviados, acompañándolos y cuando sospechan que detrás puede haber un delito, poniéndolo en conocimiento del Obispo o Superior Religioso correspondiente.

¿En qué consiste el principio de inocencia?

El principio de inocencia está presente en todos los ordenamientos jurídicos y en resumen, dice que todo acusado debe considerarse inocente mientras que no se demuestre lo contrario. En algunos ordenamientos jurídicos se limita a decir que la ley no puede presumir de derecho la responsabilidad penal en otros, como en Italia, dice que el acusado no será considerado culpable mientras no se pronuncie sentencia condenatoria firme. Desgraciadamente en Chile y en estos momentos, creo que como reacción a los últimos escándalos que hemos padecido, casi diría que hemos cambiado como un péndulo y ahora actuamos en el otro extremo, como si existiera un principio de culpabilidad, sobre todo si los acusados son religiosos o sacerdotes: ante cualquier acusación se considera culpable al acusado invirtiendo totalmente y de forma tremendamente injusta la carga de la prueba.

¿En qué se refleja lo anterior?

En una situación normal y en todos los países, quien acusa debe probar que sus acusaciones son ciertas mientras que ahora, desgraciadamente, en muchos casos se le “permite magnánimamente” al acusado intentar demostrar su inocencia. A veces esta distorsión llega a extremos como lo que se puede leer en una página web de una diócesis chilena donde, después de notificar las medidas cautelares que se han impuesto a un párroco, dice que “hemos de acompañar y rezar por las víctimas”. Si hay víctimas, no presuntas víctimas, hay un culpable a quien no es necesario ni acompañar ni rezar por él, casi como si hubiese dejado de ser hijo de Dios. De un plumazo lo hemos acusado, juzgado y condenado en una página web que se supone expresa la opinión del Obispo. El principio de inocencia ha brillado por su ausencia. En ocasiones las investigaciones previas se dejan llevar por la presión popular, sobre todo por internet, dando valor de certeza a cualquier opinión vertida en una página web lo que, si seguimos el mismo principio, nos llevará a defender que la tierra es plana como todo el mundo sabe. 

¿Cómo analiza la evolución de la iglesia en estos temas?

En primer lugar hay que recordar que la Iglesia está formada por seres humanos, con nuestras virtudes y defectos y que a veces, juzgamos a la Iglesia por cómo nos comportamos sus miembros. Hace poco el Papa decía que la Iglesia es un hospital de pecadores y no un museo de santos. No se puede olvidar esto. En Chile hemos sufrido un periodo en que se ocultaban algunos casos y han explotado los correspondientes escándalos. Si se hubiera actuado en esos casos tal como la Iglesia tiene previsto, no se habrían producido. El problema no está en la norma de actuación prevista por la Iglesia, sino en el cumplimiento o no de esa norma. La evolución se ha dado en la sensibilidad que tenemos ahora respecto a ciertas actuaciones y mi queja en esto, es que nos hemos situado al otro extremo: de disculpar, silenciar y ocultar, hemos pasado a considerar culpables a los acusados, a dar como absolutamente ciertas las acusaciones sin tener en cuenta un principio básico de justicia: escuchar a las dos partes sin tomar partido por una de ellas.

¿Cómo ha sido su experiencia en estos casos?

Entre los encargos recibidos me he encontrado casos en los que era evidente el delito, era innegable, grave y triste. (…) He tenido experiencias de acusaciones claramente basadas en un grave desequilibrio psicológico y en esos casos, no se puede cerrar la investigación o la causa por esa condición de los acusadores, hay que ir a fondo, escuchar las partes y testigos y actuar en consecuencia sin dejarse llevar por la condición mental de quien acusa. Un grave trastorno mental, por ejemplo de tipo paranoico, no significa que lo que acusa sea falso. En definitiva, los que hemos evolucionado somos los que, de una forma u otra, participamos en la administración de justicia, hay mucha más sensibilidad. Un problema serio es que, al ser muy amplia la normativa, deja bastante espacio a la interpretación arbitraria y si la persona que sigue una investigación previa o actúa de juez instructor en una causa, no tiene mucha formación jurídica, se pueden dar situaciones absolutamente contrarias a la justicia y si a esto le sumamos la presión mediática podemos llegar a la tormenta perfecta. 

¿A su juicio, cómo se ha manejado el tema de los abusos en Chile?

Es evidente que la Iglesia no puede y no debe tolerar a las personas que, con base en su posición de poder o prestigio, abusen de otros fieles. Creo que la lección ha sido aprendida. Pero este sentimiento actual también tiene sus riesgos. Por ejemplo el de considerar abuso solamente al que tenga connotación sexual y dejando de lado otro abuso tan grave como es el de conciencia. Este último tipo no tiene tanto morbo y no vende portadas en los diarios o en páginas web, lo que demuestra que la intención no es limpiar la Iglesia de manzanas podridas, sino alcanzar notoriedad propia. Otro grave riesgo, es el aceptar como verdad científicamente comprobada, cualquier acusación que llegue contra un religioso o sacerdote, olvidándonos que cualquier acusación debe ser probada y que el acusado tiene los mismos derechos y valor que el acusador. Si nos saltamos esta idea, podemos caer en un auténtico linchamiento mediático, lo que desgraciadamente ocurre ahora, nos hemos ido al otro extremo del péndulo y podemos ver publicaciones que directamente juzgan y condenan al acusado con base exclusivamente en las acusaciones vertidas.

¿Cómo funcionan las oficinas de escucha?

Creo que las oficinas de escucha están funcionando muy bien, atienden a posibles víctimas, las escuchan, acompañan, dan soporte psicológico y cuando hay sospecha de posible delito, pasan el caso a la autoridad correspondiente. La Iglesia está actuando en forma correcta y el problema es de los medios de comunicación que, sin verificación alguna, dan por ciertas las acusaciones presentadas destrozando la honra de las auténticas víctimas. Si hay algo “picante” todo está permitido y si no lo hay, se lo incluye a como dé lugar. Este linchamiento generalizado ha sido tan eficaz que, a la mínima sospecha o posibilidad, se monta el escándalo y esto ocurre no sólo entre el pueblo sino también en el mundo clerical, un sacerdote acusado, frecuentemente es abandonado por sus mismos hermanos, hay que estar lejos de él no sea que alguien piense que son de la misma cuerda. Podría afirmarse que la sociedad entera se ha “psicopateado” y hemos perdido la sensibilidad del daño que causa una acusación falsa. Cuando se vio la necesidad de crear estas oficinas, debió verse también la creación de una defensoría pública, la justicia debería ser imparcial y dar las mismas herramientas y credibilidad a acusadores y acusados. Creo que en esto estamos al debe.

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